ADIOS, TOGA, ADIOS

Baltasar Garzón ha sido víctima de su propio ego. El solo se ha buscado la sentencia del Supremo que, por unanimidad, le obligará a colgar la toga durante once años, lo que en la práctica significa el canto del cisne de su singular carrera judicial. Todavía queda el medíatico recurso al Tribunal de Estrasburgo para evitar esta jubilación anticipada. Y a él no acudirá solo, le acompañará esa facción izquierdista totalitaria y muy poco leida que estos días han acampado a las puertas del Supremo para manifestar su indignación por el atropello judicial que sufría en sus carnes el jienense de Torres. En mis treinta y cinco años de vida jamás había escuchado una sarta tal de improperios con los que la turba garzoniana, con total impunidad, se ha despachado a gusto para vilipendiar la Administración de Justicia de este país, con objeto de ejercer una presión populista y medíatica que pudiera impedir el dictado de esta sentencia. Los amigos de Baltasar se equivocan queriendo convertir en un martir de la Justicia a quién la ha mancillado y maltratado con determinadas actuaciones que solo pueden llevar a su desprestigio y a la pérdida de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía, con el peligro que ello conlleva para el Estado de Derecho.
La prevaricación es una mala práctica jurídica que avergüenza a todo jurista que se precie, pues significa aplicar la ley de manera arbitraria a sabiendas de que se está cometiendo una injusticia y que no se está actuando conforme a Derecho. En resumidas cuentas, prevaricar es actuar fuera de la ley, moverse en el siempre pantanoso terreno de la ilegalidad en el que es sumamente fácil perder pie, aunque no siempre acaben sometidos a proceso judicial aquellos que profesan tal querencia. Jueces prevaricadores sobran, de hecho no merecen serlo desde el primer instante en que sucumben a la tentación de moverse fuera de los límites que marca la ley. Con juristas así, dificil será que un imputado, siempre presunto inocente que no se nos olvide, se siente en un banquillo teniendo la absoluta y total tranquilidad de que va a ser juzgado con todas las garantías jurídicas y procesales que establece la legalidad vigente, y que, en definitiva, pueda ser sometido a un juicio justo que determinará si es inocente o culpable del delito que se le imputa.
Y por si revistiera poca gravedad la falta por la que ha sido inhabilitado, a nadie escapa la definición política de Garzón, quién llegó a hacer campaña electoral a favor del PSOE, tras ser fichado por González para ir como número dos en la lista al Congreso por Madrid en las elecciones generales del 93, bajo la promesa, dicen las lenguas de vecindona, de ser nombrado titular de la cartera de Justicia, ministerio que finalmente cayó en manos de Belloch, lo que provocó el final de su efimera carrera política, el inicio de su distanciamiento y enemistad con Felipe, y el comienzo de un auto de instrucción sobre los GAL que consiguió llevar a la carcel al Ministro de Interior de la época, Barrionuevo. Curioso que meses antes quisiera hacer política en favor de los dirigentes de un partido, y poco tiempo después al sentirse usado y engañado, decidiera investigarles por presuntos criminales de Estado. Son muchos los que opinan, y no sin falta de razón, que es altamente probable que ahora que su carrera judicial es historia, retome sus aspiraciones políticas en un PSOE bajo mínimos cuyo lider no vería con malos ojos tenerlo a su vera como vara para la agitación de masas. Si finalmente esto se diera, serían los españoles quienes juzgarían su labor en las urnas. Él sería el procesado y nosotros los jueces. Qué peso se ha quitado de encima la justicia española.